Gobierno de Gibraltar
Síntesis de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento en relación con la Moción sobre el Informe 2018/19 del antiguo Auditor Principal (Día 3)
Gibraltar, 25 de septiembre de 2025
Introducción
El Ministro Principal prosiguió su intervención hoy explicando por qué el Gobierno considera que el informe del anterior Auditor Principal adolece de defectos de procedimiento, carece de fundamento jurídico y es sustancialmente engañoso en aspectos clave.
Explicó que estos fallos son especialmente evidentes en tres partes del informe: Wildlife (Gibraltar) Limited, la adjudicación de viviendas y Gibraltar Industrial Cleaners Limited.
Wildlife (Gibraltar) Limited
El Gobierno rechazó las críticas relativas a Wildlife (Gibraltar) Limited, que gestiona Alameda Gardens, Commonwealth Park, Campion Park, la Zona Alta del Peñón y el control de gaviotas.
El informe sugería irregularidades debido a la conexión familiar entre el director de la empresa y el Ministro de Medio Ambiente, John Cortés.
La posición del Gobierno está clara:
- Proceso injusto – El Auditor emitió un memorándum a última hora del 30 de mayo de 2025, su último día de trabajo, y finalizó el informe al día siguiente, lo cual no dio al Departamento ninguna oportunidad realista de responder. El Gobierno lo considera una falta de imparcialidad que socava la fiabilidad de toda la sección.
- Continuidad y experiencia – Wildlife se hizo con el contrato original en 1990-91. Dada la experiencia sin igual de la empresa y sus buenos resultados, el Departamento se basó legalmente en la normativa de contratación que permite la continuidad del servicio en los casos en que una nueva licitación causaría trastornos desproporcionados.
- Sin beneficio personal – Al entrar en el Parlamento, el profesor Cortés transfirió sus participaciones. Su esposa conservó una participación minoritaria por motivos simbólicos, pero no desempeñó ningún papel en la empresa ni recibió beneficio financiero alguno. El Gobierno considera que insinuar que hubo corrupción en estas circunstancias es algo infundado y difamatorio.
- Explicaciones omitidas – El Departamento ya proporcionó previamente aclaraciones y documentación, que fueron ignoradas en el informe. El Ministro Principal dijo que esta presentación selectiva equivalía a un retrato engañoso.
- Asesoramiento jurídico independiente – El asesor legal Jonathan Fisher KC advirtió de que las críticas del Auditor eran jurídicamente erróneas, no tenían en cuenta las exenciones de contratación pertinentes y omitían el contexto fáctico clave. Concluyó que debería retirarse la sección sobre Wildlife.
Por ello, el Gobierno confirmó que propondría al Parlamento rechazar formalmente esta parte del informe.
Adjudicación de viviendas
El Gobierno también rechaza las críticas formuladas en el informe en relación con la adjudicación de viviendas. El Auditor revisó 25 adjudicaciones y denunció irregularidades como la ausencia de políticas documentadas, 18 adjudicaciones realizadas a solicitantes que no figuraban los primeros en la lista de espera, intervenciones directas del Ministro Principal en siete casos, discrepancias entre las actas del comité y las cartas de resolución, y un caso en el que estaba implicada una persona que ya contaba con una vivienda.
El informe concluía que tales intervenciones podrían haber sido ilegales, debido a que no se mencionaban en el Boletín [de Gibraltar] y a la falta de transparencia, y recomendaba la creación de una política formal por escrito.
El Ministro Principal dijo que estas conclusiones tergiversaban tanto el marco jurídico como la práctica ministerial de larga data y recordó al Parlamento lo siguiente:
- Marco legal – La Ley de Vivienda de 2007 define a la Autoridad en materia de Vivienda como el Ministro responsable, o cualquier persona designada por el Gobierno. Esto incluye desde hace tiempo al Ministro Principal, que ocupa todas las carteras ministeriales. Los sucesivos Ministros Principales se han ocupado directamente de los casos de vivienda durante décadas.
- Discrecionalidad ministerial – El Gobierno subrayó que la discrecionalidad siempre ha formado parte de la adjudicación de viviendas, sobre todo en circunstancias urgentes o excepcionales. Esto está respaldado por la jurisprudencia, incluida la sentencia del caso Rodríguez contra el Ministro de Vivienda [2009] UKPC 52, en la que el Consejo Privado confirmó que las autoridades no pueden restringir su discrecionalidad siguiendo rígidamente el orden de la lista de espera.
- Intervenciones humanitarias legales – La mayoría de las 18 adjudicaciones que no se correspondieron con el orden de la lista estaban respaldadas por necesidades urgentes documentadas, como violencia doméstica, amenazas a la vida, hacinamiento o protección de menores. En cinco de los siete casos citados, existía documentación justificativa; en los dos restantes, organismos como la Agencia de Servicios Sociales (Care Agency) y la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) habían confirmado las circunstancias. El Gobierno dijo que se trató de decisiones legítimas y compasivas, no de favores políticos.
- Obligaciones de confidencialidad – La información sensible no siempre se incluye en los registros públicos para proteger la intimidad de los solicitantes. Según el Gobierno, el informe no reconoce este deber de confidencialidad y, por tanto, extrae conclusiones erróneas sobre la documentación “que falta”.
- Errores administrativos, no incorrecciones – Las pequeñas discrepancias entre las actas del comité y las cartas de resolución han sido atribuidas a errores administrativos y han sido corregidas gracias a la formación del personal. Las adjudicaciones [de viviendas] no fueron ilegales.
- Narrativa selectiva – El Gobierno quiere subrayar que otras administraciones anteriores también han llevado a cabo intervenciones discrecionales en materia de vivienda. Según el Ministro Principal, el hecho de que el informe no reconozca este precedente histórico ha dado lugar a un informe sesgado y políticamente perjudicial.
El asesoramiento jurídico independiente obtenido por el Gobierno confirma que la interpretación del Auditor del artículo 2 de la Ley de la Vivienda era errónea e ignoraba la práctica constitucional establecida. También advierte de que si se presentan como irregularidades decisiones confidenciales pero legales se corre el riesgo de dañar injustamente la reputación de los funcionarios públicos.
Por estas razones, el Gobierno considera que esta sección del informe también debería eliminarse.
Gibraltar Industrial Cleaners Limited
El Gobierno también ha rebatido enérgicamente las conclusiones del informe relativas a Gibraltar Industrial Cleaners (GIC). Las críticas del Auditor se centraron en las supuestas horas extraordinarias excesivas, las prácticas laborales anticuadas, las ineficiencias y las repercusiones en los costes de los servicios de recogida de basuras. El informe hablaba de una cultura de “acabar y pasar a lo siguiente”, semanas laborales de 74 horas y afirmaba que no se habían aplicado reformas.
El Ministro Principal explicó que estas conclusiones son engañosas, incompletas e injustas por varias razones:
- Proceso injusto – La carta del Auditor en la que planteaba sus preocupaciones se entregó solo ocho días antes de que se finalizara el informe, lo que no dio tiempo suficiente a la dirección de GIC y al Departamento de Medio Ambiente para responder. El Gobierno afirma que esto vulneró los principios de igualdad de las partes.
- Prácticas heredadas – Las criticadas estructuras salariales y de horas extraordinarias estaban integradas en contratos de más de 20 años de antigüedad y fueron heredadas de administraciones anteriores. No podían ser modificadas unilateralmente sin que se corriera el riesgo de la convocatoria de huelgas, litigios o interrupciones de los servicios de salud pública.
- Ya hay importantes reformas en marcha – Antes de que se publicara el informe, el Gobierno había firmado un nuevo convenio colectivo con Unite the Union, en marzo de este año. Este acuerdo suprimió las horas extraordinarias del Director, reestructuró la plantilla, redujo las rutas de recogida, introdujo las recogidas nocturnas y eliminó cinco días festivos como días laborables. También introdujo un nuevo sistema de remuneraciones. Se identificaron ahorros anuales previstos de 685.000 libras. Ninguna de estas reformas aparecía reconocida en el informe del Auditor.
- Referencias fuera del marco – A pesar de estar limitado a 2018/19, el informe se refería selectivamente a sucesos y costes hasta 2025, al tiempo que no reconocía las medidas correctoras adoptadas ese mismo año. El Gobierno considera que esta omisión distorsionaba el panorama y rebasaba las competencias del Auditor.
El Ministro Principal señaló que las normas de auditoría reconocidas internacionalmente, incluido el código de buenas prácticas de auditoría de la inglesa Oficina Nacional de Auditoría (National Audit Office, NAO), exigen que los informes sean justos, equilibrados y basados en pruebas. Al presentar prácticas anticuadas como si fueran actuales y omitir la referencia al convenio colectivo, el Auditor no cumplió estas normas.
El asesoramiento jurídico independiente de Fisher respaldó esta opinión. Concluyó que la omisión de las medidas correctoras hacía que el informe fuera incompleto y engañoso, que el uso selectivo de información posterior a 2019 sin referencia a las reformas excedía el mandato legal del Auditor, y que el hecho de no presentar una cuenta equilibrada ponía en riesgo la reputación de los organismos públicos y era profesionalmente deficiente. Sobre esta base, Fisher aconsejó la retirada de la sección GIC del informe.
Conclusión
Sobre la base de todo lo anterior, el Ministro Principal confirmó que la moción presentada ante la Cámara se modificaría para incluir todas las consideraciones mencionadas.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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