Gobierno de Gibraltar
El Gobierno responde al informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 (Día 6) – conclusiones sobre pagos ex gratia y respuesta a la oposición
Gibraltar, 13 de octubre de 2025
Introducción
Hoy, el Ministro Principal ha pronunciado su sexto discurso sobre el Informe del ejercicio 2018/2019 del antiguo Auditor Principal. En su análisis, abordó sistemáticamente cada una de las principales críticas del Informe, examinando en profundidad los límites constitucionales y legales de las competencias del Auditor, las normas de imparcialidad y equilibrio exigidas en la práctica de la auditoría pública y los errores jurídicos y factuales contenidos en varias secciones clave.
En la sesión de hoy, el Ministro Principal ha abordado tres cuestiones pendientes: las tergiversaciones públicas de la oposición, los comentarios de dos miembros de la Comisión de Reforma Parlamentaria y la sección del Informe relativa a los pagos ex gratia. Explicó que las críticas formuladas por el antiguo Auditor Principal y repetidas públicamente por la oposición eran inexactas de hecho, erróneas de derecho e incoherentes con la práctica administrativa establecida desde hace tiempo.
Tergiversaciones de la oposición
El Ministro Principal rechazó las afirmaciones de la oposición de que el Gobierno pretendía limitar la independencia de los futuros auditores u ocultar irregularidades. Explicó que la enmienda legislativa propuesta aclararía la posición constitucional existente alineando el marco de auditoría de Gibraltar con los estándares actuales del Reino Unido. De acuerdo con estos estándares, los auditores se limitan a examinar la legalidad y corrección de los gastos y se les prohíbe expresamente comentar cuestiones de política, que son competencia exclusiva del Parlamento y los ministros.
Señaló que el argumento de la oposición tergiversaba la verdad. En lugar de reducir la supervisión, la enmienda codificaría los límites constitucionales que siempre han existido. El Ministro Principal observó que el anterior Auditor Principal se había apartado de esos límites al introducir comentarios de carácter político en lo que debería haber sido un informe profesional e imparcial.
También señaló que la oposición había ignorado las pruebas presentadas en sesiones anteriores del debate, que demostraban que muchas de las ineficiencias operativas señaladas en el Informe ya habían sido corregidas. Las reformas aplicadas en Gibraltar Industrial Cleaners Limited, por ejemplo, resolvieron precisamente las prácticas que se criticaban. El Ministro Principal declaró que el hecho de que la oposición utilizara el informe como un instrumento político, en lugar de como una evaluación objetiva, obligaba al Gobierno a hacer una aclaración en defensa de los funcionarios y ministros que habían sido injustamente criticados.
Observaciones de los miembros de la Comisión de Reforma Parlamentaria
El Ministro Principal también abordó los recientes comentarios públicos realizados por [Robert] Vásquez y Charles Gómez, ambos miembros de la Comisión de Reforma Parlamentaria. Señaló que sus observaciones no representaban la opinión oficial de la Comisión, cuyo Presidente, Adolfo Canepa, no había hecho tales críticas.
Observó que ambos se habían presentado a las elecciones al Parlamento, pero no habían sido elegidos, por lo que sus comentarios debían ser tratados como opiniones personales y no como declaraciones autorizadas. El Ministro Principal rechazó la afirmación de ambos de que las empresas públicas carecían de transparencia, subrayando que esta administración fue la primera en publicar las cuentas de dichas empresas.
El Ministro Principal subrayó la incoherencia de las críticas de Gómez, señalando que su bufete de abogados había recibido alrededor de 1,2 millones de libras esterlinas en concepto de honorarios legales relacionados con el Gobierno, entre otras cosas por su trabajo en el caso McGrail. Esto, dijo, socavaba cualquier sugerencia de opacidad o malversación de fondos públicos.
En relación con Vásquez, el Ministro Principal reconoció su coherencia intelectual y su prolongado interés por las cuestiones de la reforma parlamentaria, al tiempo que expresó su deseo de que se recupere de su enfermedad.
Pagos ex gratia
En cuanto a la sección del Informe relativa a los pagos ex gratia, el Ministro Principal explicó que tales pagos son un instrumento estándar y legítimo utilizado por las administraciones y las organizaciones para resolver litigios o proporcionar una compensación discrecional cuando no existe un derecho legal estrictamente hablando. Los pagos se realizan en interés público para evitar litigios innecesarios, reducir la exposición a mayores responsabilidades y poner fin a asuntos complejos de forma justa y proporcionada.
El Informe había alegado que los pagos ex gratia por valor de 11,08 millones de libras a lo largo de seis años fueron excesivos. El Ministro Principal demostró que esta cifra era engañosa. Una vez excluidos los 3,61 millones de libras de la liquidación de pensiones de Gibtelecom —aceptada explícitamente por el Auditor como legítima—, los pagos restantes ascendieron a una media de 1,36 millones de libras al año, lo que equivale al 0,02% del gasto público total anual.
Confirmó que todos esos pagos estaban sujetos a revisión y aprobación por parte de altos funcionarios, incluidos el Ministro Principal, el Secretario Principal y el Secretario de Finanzas, y estaban respaldados por asesoramiento jurídico. La sugerencia de que “no estaban controlados” o “no tenían restricciones” era incorrecta.
El Ministro Principal también explicó que muchos de los pagos lograron un importante ahorro de costes al evitar litigios que habrían resultado más caros para el contribuyente. Como ejemplo de ello, un pago de 260.000 libras evitó una deuda estimada de casi 400.000 libras. Afirmó que se trató de decisiones fiscales prudentes, no de favores políticos o gratificaciones.
Subrayó que la confidencialidad es un elemento esencial de los acuerdos ex gratia. La publicación de información detallada daría lugar a reclamaciones especulativas, vulneraría la intimidad personal y socavaría las negociaciones en curso. La confidencialidad, dijo, es una salvaguardia tanto para el erario público como para los derechos individuales, no un tipo de secretismo.
Recordó al Parlamento que los pagos ex gratia se habían recogido con transparencia en los Presupuestos del Gobierno y se habían debatido en sesiones parlamentarias en múltiples ocasiones. Por lo tanto, la afirmación del antiguo Auditor de que estaban ocultos o eran irregulares carecía de fundamento.
Evaluación jurídica
El Ministro Principal reiteró que la concesión de pagos ex gratia entra en el ámbito de la legítima discrecionalidad del Ejecutivo. Autoridades judiciales como las responsables del fallo en el caso Padfield vs el Ministro de Agricultura (1969) y el caso GCHQ (1985) confirman que tales decisiones solo podrían cuestionarse si son ilegales, irracionales o inadecuadas desde el punto de vista del procedimiento. Ninguna de estas condiciones se daba en este caso.
El asesoramiento jurídico independiente de Fisher respaldó esta opinión. [El asesor legal Jonathan] Fisher consideró que el tratamiento de la cuestión por parte del antiguo Auditor fue injusto desde el punto de vista del procedimiento, jurídicamente poco sólido y rebasó sus competencias constitucionales. Calificó el uso de un lenguaje especulativo y emotivo, como “paquetes de indemnización generosos” y “pagos incontrolados”, de poco profesional y contrario a las normas de auditoría aceptadas de equilibrio y objetividad. Fisher concluyó que debería retirarse la sección del informe que hacía referencia a los pagos ex gratia.
Conclusión
La postura del Gobierno era que las críticas del antiguo Auditor Principal sobre los pagos ex gratia no estaban respaldadas ni por la ley ni por los hechos, no cumplían los estándares necesarios de exactitud y equidad e ignoraban la práctica administrativa y contable establecida. Los pagos fueron legales, transparentes y representaron una gestión prudente de las cuentas públicas.
El Gobierno confirmó que la moción presentada a la Cámara se modificaría para rechazar la sección del Informe relativa a los pagos ex gratia. El Ministro Principal reiteró el compromiso del Gobierno de mantener la transparencia, la precisión y la imparcialidad en la administración pública de Gibraltar.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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