El Gobierno responde al informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 (Día 5) – C714

Resumen de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento sobre la Moción relativa al Informe del antiguo Auditor Principal (Día 5)

Gobierno de Gibraltar

El Gobierno responde al informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 (Día 5)

Gibraltar, 2 de octubre de 2025

En el quinto día del debate parlamentario sobre el Informe correspondiente al ejercicio 2018/2019 del anterior Auditor Principal, el Ministro Principal continuó su análisis detallado, centrándose en dos áreas principales: los retrasos en la publicación del Informe y las críticas relativas a las empresas públicas.

Retrasos en la publicación del Informe

El Ministro Principal demostró con pruebas que el retraso sin precedentes en la publicación de las cuentas de 2018/2019, entre cuya preparación y presentación al Parlamento pasaron casi cuatro años, fue el resultado directo de la decisión unilateral del anterior Auditor Principal de renunciar a la tradicional práctica de aceptar borradores de cuentas.

Los anteriores Auditores Principales habían aceptado copias anticipadas, lo que les permitió completar las auditorías con prontitud. En cambio, el anterior Auditor Principal insistía en que solo podían aceptarse las cuentas finalizadas y firmadas, una interpretación restrictiva y novedosa de la ley que inevitablemente ralentizaba el proceso.

El Ministro Principal confirmó que esta elección, única y exclusivamente, provocó los retrasos. El Gobierno no tuvo nada que ver, y las insinuaciones de la oposición de que el retraso se fraguó para evitar el control eran falsas.

El Ministro Principal destacó la cronología histórica de las presentaciones de los informes de auditoría para mostrar claramente dónde residía la responsabilidad de los retrasos. Con el anterior Auditor Principal, Jimmy Posso, los informes correspondientes a los años 2007 a 2015 se completaron sistemáticamente en un plazo de entre 12 y 18 meses desde el cierre del ejercicio financiero, y algunos se presentaron en cuestión de semanas o incluso días después de la pertinente Ley de Presupuesto Adicional (Supplementary Appropiation Act). En cambio, con su sucesor 2018/2019 se retrasaron durante años, y el de 2018/2019 no llegó al Gobierno hasta julio de 2025. Según el Ministro Principal, este hecho no tiene precedentes y demuestra sin lugar a dudas que los retrasos se deben al enfoque restrictivo del propio Auditor y no al Gobierno.

Calendario de retrasos

 Ejercicio fiscalFin ejercicio (31 mar)Fecha de presentaciónAuditor PrincipalRetraso (vs fin ejercicio 31 mar)
12007-0831 mar 200820 mar 2009J. C. Posso0 años 11 meses
22008-0931 mar 200918 mar 2010J. C. Posso0 años 11 meses
32009-1031 mar 201011 mar 2011J. C. Posso0 años 11 meses
42010-1131 mar 201129 mar 2012J. C. Posso0 años 11 meses
52011-1231 mar 20125 jul 2013J. C. Posso1 año 3 meses
62012-1331 mar 201311 jul 2014J. C. Posso1 año 3 meses
72013-1431 mar 201426 ago 2015J. C. Posso1 año 4 meses
82014-1531 mar 201526 sep 2016J. C. Posso1 año 5 meses
92015-1631 mar 201630 ene 2019A. R.  Sacramento2 años 9 meses
102016-1731 mar 201721 dic 2023A. R.  Sacramento6 años 8 meses
112017-1831 mar 201821 dic 2023A. R.  Sacramento5 años 8 meses
122018-1931 mar 20191 jul 2025A. R.  Sacramento6 años 3 meses

Obstrucción por parte de la Administración

El Ministro Principal también desmontó la afirmación de que altos funcionarios públicos habían obstruido el proceso de auditoría. Los registros muestran que los funcionarios respondieron con prontitud, a menudo en cuestión de días, y dieron a la oficina de auditoría pleno acceso a los asientos contables originales. Los plazos de respuesta más largos se debieron a factores legítimos, como la participación de varios organismos, la recuperación de documentos archivados o la programación parlamentaria. Los funcionarios actuaron con profesionalidad, imparcialidad y dedicación al servicio público.

Las acusaciones del Informe dañan injustamente la reputación de los funcionarios, que no pueden responder en el debate político. El Ministro Principal dejó claro que los funcionarios de Gibraltar no se confabulan, ni se confabularían nunca, para evitar la supervisión. Lejos de obstaculizar las auditorías, se esforzaron por facilitarlas.

Futuras reformas

Para reforzar aún más los procesos, el Gobierno confirmó que se introducirá una función de enlace de auditoría intergubernamental, plazos a nivel de servicio y un sistema compartido de seguimiento. Estas reformas demuestran un compromiso con las mejores prácticas, la transparencia y la eficiencia.

Empresas públicas

En cuanto a las empresas públicas, el Ministro Principal dejó claro que el Auditor Principal se había extralimitado en sus funciones al criticar las disposiciones vigentes en materia de auditoría y pedir una reforma legislativa.

Según la Constitución, la función del Auditor Principal se limita a auditar las cuentas públicas de Gibraltar y los organismos del Gobierno. No le corresponde auditar las empresas públicas, que son entidades jurídicas independientes en virtud de la Ley de Sociedades (Companies Act) de 2014. Por ley, sus auditorías las realizan empresas externas de renombre sujetas a una estricta reglamentación y a normas internacionales.

La sugerencia del anterior Auditor Principal de que estas auditorías eran insuficientes no sólo era errónea, sino indebida. Corresponde al Parlamento, y no a un auditor, decidir si se modifica el marco estatutario. El intento de ampliar su mandato supuso una clásica extralimitación ultra vires.

Consejo independiente

Un asesoramiento jurídico independiente lo confirmó. [El asesor legal Jonathan] Fisher advirtió que las disposiciones existentes son adecuadas, que todas las transacciones ya pasan por los sistemas de contabilidad del Gobierno a los que el Auditor tenía pleno acceso, y que el anterior Auditor se había equivocado. Concluyó que debería retirarse la sección del informe que trata de las empresas públicas.

El Ministro Principal señaló: “Un Auditor Principal no diseña leyes. No decide cuáles son sus funciones. Al pretender hacerlo, el Informe se adentró en territorio reservado al Parlamento, y eso es incorrecto e ilegal”.

Conclusión

El Gobierno dejó claro que los hechos son indiscutibles:

  • El retraso en la publicación del Informe de 2018/2019 se debió únicamente a la decisión restrictiva del anterior Auditor Principal de dejar de aceptar borradores de cuentas.
  • Los funcionarios cooperaron plenamente y actuaron con integridad, contrariamente a lo que se insinuaba en el Informe.
  • Las críticas a las empresas públicas fueron ultra vires, contenían carga política y eran profesionalmente insostenibles.

El Gobierno confirmó que la moción presentada ante la Cámara se modificará para rechazar ambas secciones del Informe, garantizando que el Parlamento defienda la equidad, la legalidad y la integridad de las instituciones de Gibraltar.

Comunicado en pdf con original en inglés incluido.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

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