Gobierno de Gibraltar
Documento de síntesis: intervención del Ministro Principal en el Parlamento en relación con la Moción sobre el Informe 2018/19 del antiguo Auditor Principal
Gibraltar, 23 de septiembre de 2025
Introducción
Esta mañana, el Ministro Principal, Fabián Picardo, comenzó su intervención en el Parlamento de Gibraltar, con lo que dio inicio al debate de la Moción sobre el Informe 2018/19 del anterior Auditor Principal. Es probable que este debate se prolongue durante varios días.
Este documento resume la primera parte del discurso del Ministro Principal.
Resumen
El Gobierno no rechazará el Informe del Auditor Principal en su totalidad, sino que presentará enmiendas para rechazar únicamente aquellos aspectos que, con el apoyo de asesoramiento jurídico, se demuestre que no cumplen los requisitos de independencia, objetividad y competencia. Si bien el Gobierno apoya la confirmación del Informe de que las cuentas del Gobierno para 2018/19 reciben un certificado de buena salud, no puede aceptar los errores materiales y la presentación políticamente sesgada de las ‘auditorías de rentabilidad’ que socavan la exactitud y fiabilidad de otras secciones del Informe.
Por qué es importante
El Gobierno aprecia el escrutinio, pero no puede permitir que las informaciones inexactas, injustas, desfasadas o tendenciosas queden sin respuesta. Aunque el Informe del Auditor Principal no es vinculante para el Gobierno, sus errores, omisiones y presentación políticamente sesgada podrían dañar la reputación de Gibraltar en el extranjero y socavar la confianza de la ciudadanía.
Por lo tanto, esta declaración en la Cámara no solo es adecuada, sino necesaria, ya que el deber del Gobierno es corregir el documento, defender a Gibraltar del daño a su reputación y garantizar que la comunidad pueda juzgar el Informe a la luz de los hechos, la ley y las prácticas de auditoría adecuadas.
El oportunismo político de la oposición perjudica a Gibraltar
El Gobierno considera que la persistente confianza de la oposición en las ‘auditorías de rentabilidad’ que son jurídica, fáctica y procedimentalmente defectuosas, sienta el peligroso precedente de que este tipo de material pueda utilizarse en futuros debates. Perjudica la reputación internacional de Gibraltar en un momento decisivo y socava la confianza en la buena gobernanza. El Ministro Principal sostuvo que estas partes del Informe, motivadas políticamente, son una aberración. Sin embargo, el Gobierno sigue confiando en el papel constitucional de la Oficina del Auditor Principal y en sus actuales titulares.
Antecedentes jurídicos
La Oficina del Auditor Principal es un cargo constitucional creado en virtud de la Orden 2006 de la Constitución de Gibraltar, nombrado de forma independiente por el Gobernador y encargado de auditar las cuentas públicas del Peñón. Aunque su función es independiente del Gobierno, debe ser desempeñada dentro de estrictos límites constitucionales y estatutarios y de acuerdo con normas reconocidas de imparcialidad, objetividad y conducta profesional.
La Ley de Hacienda Pública (Control y Auditoría) establece el alcance de las tareas del Auditor, ya que exige un examen adecuado de cómo se recaudan los ingresos y se gastan los fondos, al tiempo que deja claro que su cometido es el control y la eficiencia financieros, no emitir juicios políticos o jurídicos. Las normas de gobernanza establecidas, como el Informe Hampel (Hampel Report), reafirman que los auditores pueden recomendar mejoras, pero deben mantenerse neutrales y evitar desviarse hacia la política o el partidismo.
Jurisprudencia
Basándose en jurisprudencia de Jamaica, Trinidad y Tobago y el Reino Unido, incluida la emblemática decisión del caso Porter contra Magil[1]l, el Ministro Principal subrayó que los auditores no están exentos de ser sometidos a supervisión y pueden ser cuestionados cuando se extralimitan en sus funciones o dan la impresión de no estar siendo imparciales.
En este contexto, el Gobierno considera que algunos aspectos del Informe 2018/19 se extralimitaron de las competencias constitucionales del Auditor Principal, presentaron acusaciones como conclusiones asentadas sin que lo fueran y se hicieron eco de posturas políticas adoptadas por la Oposición. Tras recibir asesoramiento jurídico, el Ministro Principal llegó a la conclusión de que esas secciones del Informe iban más allá de la autoridad legal del Auditor Principal, eran injustas desde el punto de vista del procedimiento y no cumplían las normas de independencia e imparcialidad que se exigen a una auditoría constitucional.
Principios que rigen la función del Auditor Principal
El Ministro Principal estableció comparaciones con la Oficina Nacional de Auditoría (National Audit Office, NAO) del Reino Unido, que realiza tanto auditorías financieras como exámenes de rentabilidad, pero actúa dentro de unos límites estatutarios claros. Resulta crucial que el artículo 6(2) de la Ley de Auditoría Nacional del Reino Unido (UK National Audit Act) de 1983 establezca explícitamente que la NAO no está facultada para “cuestionar los méritos de los objetivos políticos de ningún departamento, autoridad u organismo respecto del cual se lleve a cabo un examen”. Este principio se ve reforzado por el artículo 7ZA(5), que establece que el Auditor solo puede examinar las disposiciones de aplicación de la política, no los objetivos políticos en sí.
Aunque la legislación de Gibraltar no reproduce estas disposiciones palabra por palabra, el Ministro Principal señaló que los mismos principios se aplican bajo el Derecho consuetudinario de los países de tradición anglosajona (Common Law), respaldados por jurisprudencia como R contra Roberts [1908] y Roberts contra Hopwood [1925]. Estos casos confirmaron que los auditores pueden cuestionar a la administración, pero no interferir en las decisiones políticas.
El código de buenas prácticas de auditoría de la NAO establece normas profesionales clave a las que también debería obedecer el Auditor Principal en Gibraltar. Destacan las siguientes:
- Independencia, integridad y objetividad para garantizar que el Auditor es (y se le considera) imparcial.
- Profesionalidad y eficacia en el desempeño de las funciones estatutarias.
- Proporcionalidad y auditoría basada en el riesgo, con una cuidadosa consideración del impacto de las recomendaciones.
- Escepticismo profesional, que exige pruebas suficientes para respaldar las conclusiones.
- Respeto de los límites, lo que significa que los auditores pueden examinar cómo se aplica la política y si existen acuerdos de rentabilidad, pero no deben cuestionar la política en sí.
El Ministro Principal concluyó que estos principios, bien establecidos en el Reino Unido y recogidos en el propio marco jurídico de Gibraltar, dejaban claro que la función del Auditor Principal consistía en auditar el uso de los recursos de forma objetiva e imparcial, y no en actuar como crítico político o formulador de políticas.
Normas internacionales de auditoría
El Ministro Principal señaló que las Normas Internacionales de Auditoría rigen la conducta de los auditores públicos y son de plena aplicación en Gibraltar. La NIA 260 exige una comunicación abierta y oportuna con los encargados de la gobernanza, que garantice que se comprenden claramente el alcance, los riesgos y las dificultades. La NIA 265 obliga a los auditores a señalar por escrito y a su debido tiempo las deficiencias del control interno, especialmente las significativas. La NIA 450 exige que los auditores evalúen las incorrecciones, soliciten su corrección y documenten los motivos por los que no se han corregido. La NIA 700 establece la obligación de formarse una opinión justa y transparente sobre los estados financieros mediante un informe adecuadamente estructurado.
En conjunto, estas normas ponen de manifiesto que la función del Auditor Principal debía desempeñarse con independencia, objetividad y profesionalidad, y que las conclusiones debían basarse en pruebas y en un proceso adecuado, no en comentarios políticos o partidistas.
Principales conclusiones del Informe del Anterior Auditor Principal
El Ministro Principal destacó la contradicción central del Informe 2018/19. Por un lado, el anterior Auditor Principal otorgó un certificado de buena salud a las cuentas públicas de Gibraltar, certificando que los ingresos y los gastos se habían presentado correctamente, que los fondos asignados se habían utilizado legalmente y que los gastos se ajustaban a las autoridades que los regían. En resumen, el Informe confirmó los más altos niveles de integridad financiera en las cuentas del Gobierno.
Sin embargo, en el mismo documento, el antiguo Auditor Principal lanzaba duras críticas: alegaba obstáculos al acceso a las auditorías, mala gestión presupuestaria y prácticas opacas. El anterior Auditor Principal calificó pagos ex gratia por valor de más de 13 millones de libras como “excesivos y en muchos casos injustificados”, aludió a interferencia ministerial en áreas como la Caja de Ahorros de Gibraltar y la adjudicación de viviendas, acusó al Gobierno de obstruir una revisión de la Caja de Ahorros en materia de prevención del blanqueo de capitales y presionó para que aumentara la supervisión parlamentaria a través de un Comité de Cuentas Públicas y una nueva Ley de Auditoría Pública.
Para probar estas alegaciones, el Gobierno encargó un dictamen jurídico independiente a Jonathan Fisher, uno de los principales expertos del Reino Unido en derecho de auditoría. Fisher llegó a la inequívoca conclusión de que el Informe contenía errores muy graves. En su opinión, el enfoque adoptado era “incoherente con las normas fundamentales de la práctica internacional de auditoría”, se desviaba hacia cuestiones de política más que de aplicación, contenía “errores materiales que reflejan falta de competencia” y no se atenía a los principios de independencia, objetividad y normas profesionales de auditoría que se esperan de un auditor constitucional.
El Ministro Principal subrayó que este dictamen justificaba la respuesta del Gobierno. Un informe no puede dar la máxima puntuación a las cuentas de Gibraltar y, al mismo tiempo, acusar al Gobierno de falta de transparencia y responsabilidad. Ambas posturas no pueden ser lógicamente ciertas. Siguiendo el consejo de Fisher, el Gobierno mantuvo que las críticas del Informe excedían el mandato del Auditor Principal, carecían de fundamento de hecho o de derecho y no debían considerarse fiables.
Respuesta del Gobierno
Aunque el Gobierno ya ha rebatido públicamente las críticas del Informe, es necesario que el Ministro Principal lo haga formalmente en el Parlamento. En los próximos días, el Ministro Principal abordará punto por punto cada una de las acusaciones dirigidas a Ministros y altos funcionarios, analizará cada uno de los nueve ámbitos controvertidos y expondrá los hechos para demostrar por qué el Informe era erróneo en cuanto al fondo e incoherente con los principios jurídicos que rigen la función de un auditor. El Ministro Principal reanudará su análisis detallado mañana miércoles a las 10:00.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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[1] El Tribunal Supremo del Reino Unido dictó una sentencia en el caso Porter contra Magill en la cual estableció la «prueba del observador justo y con información» para evaluar la parcialidad de un tribunal. Así, la venta de viviendas sociales a inquilinos con el fin de ganar ventajas políticas fue declarada ilegal por violar el propósito de la ley.