Gobierno de Gibraltar
Discurso del Viceministro Principal en el European Policy Centre, en Bruselas, el jueves 22 de enero de 2015
Gibraltar y la UE: desafíos y perspectivas
Gibraltar, 23 de enero de 2015
Buenas tardes.
Es un placer poder estar aquí hoy para poder informarles sobre la situación de Gibraltar en la Unión Europea. Estoy muy agradecido al European Policy Centre por brindarme esta oportunidad.
Estoy muy agradecido, en primer lugar, porque, por lo general, la situación de Gibraltar no es bien conocida y en segundo lugar, por tener la oportunidad de ofrecer, en nombre del Gobierno y del pueblo que represento, una valoración precisa de una situación que a menudo ha sido tergiversada.
He observado que la invitación por escrito hace referencia al Tratado de Utrecht de 1713. Aunque inicialmente no tenía intención de remontarme tan lejos en esta ponencia, lo haré únicamente para aclarar un par de puntos.
Gibraltar fue tomado por las fuerzas anglo-holandesas en 1704. A la mayoría de la población civil española se le dio la opción de abandonar Gibraltar y así lo hizo la mayoría. Para aquellos a los que les gusten las cifras, en este momento vale la pena señalar que Gibraltar fue español durante 244 años —entre 1460 y 1704— mientras que, a fecha de hoy, ha sido británico durante 311.
El pueblo gibraltareño actual es producto de la inmigración desde lugares como Malta, Génova, el Reino Unido, España y otras partes de Europa. A una escala muy reducida, somos casi como EE. UU., donde la población actual se ha nutrido, a lo largo de los años, de la inmigración de origen europeo, entre otros.
Cabe puntualizar que nuestra historia es más larga que la de EE. UU. como país.
El artículo X del Tratado de Utrecht detalla la cesión a perpetuidad de Gibraltar a la Corona de Gran Bretaña. “A perpetuidad” significa para siempre. En éste, también se estipula que si la Corona de Gran Bretaña deseara vender, conceder o enajenar Gibraltar, se le daría la primera opción a la Corona de España.
España ha interpretado que estas palabras significan que los habitantes del territorio no tienen voz alguna sobre su futuro estatuto político. Gibraltar no está de acuerdo con esta interpretación, por lo que ha sugerido que este punto se someta a la decisión de un Tribunal, algo a lo que España se ha negado. Es bien sabido que el derecho legal a la autodeterminación no existía en 1713, cuando reyes y príncipes se intercambiaban poblaciones y países sin preocuparse por los deseos de sus habitantes. Hoy en día es un principio básico del Derecho Internacional.
En nuestra época, los deseos de las personas deben primar.
Ahora quiero que demos un paso en el tiempo de unos trescientos años, hasta la actualidad, para hablar del papel de Gibraltar en Europa.
Gibraltar es un Territorio de Ultramar del Reino Unido. De hecho, somos el único Territorio Británico de Ultramar que forma parte de la Unión Europea. También somos el único territorio que forma parte de la Unión en virtud del Artículo 355(3) del TFUE como “Territorio Europeo cuyas relaciones exteriores son responsabilidad de un Estado miembro”.
Por lo tanto, se trata de un estatuto, tal y como bien dice su invitación, “verdaderamente único”.
No hay ningún otro territorio en la Unión Europea que se rija por esta cláusula del Tratado.
El artículo 28 del Acta de Adhesión británica nos excluye de la unión aduanera, la zona común del IVA y la Política Agraria Común de la UE. También estamos fuera del espacio Schengen, al igual que el Reino Unido. Esto nos plantea diversas cuestiones, porque, a diferencia del Reino Unido, estamos situados dentro del continente europeo, pero dejaré este punto para más adelante.
Gibraltar, aun siendo británico, es una jurisdicción propia respecto al Reino Unido. Esto significa que tenemos nuestro propio Parlamento y nuestro propio Gobierno. El sistema legal de Gibraltar está basado en el de Inglaterra y Gales. Nuestros profesionales del Derecho se forman en el Reino Unido. Tenemos la responsabilidad de trasponer las directivas de la Unión Europea al derecho gibraltareño al más alto nivel, independientemente de lo que el Parlamento de Westminster determine para el Reino Unido.
El Gobierno de Gibraltar tiene la responsabilidad constitucional sobre todos los aspectos salvo en materia de Asuntos Exteriores, Defensa y Seguridad Interna. Las cuestiones sobre las que el Gobierno tiene responsabilidad incluyen asuntos a nivel de la UE. Nuestros Ministros van a estar muy activos en Bruselas tratando dichas cuestiones.
Emitimos nuestros propios sellos, tenemos nuestro propio prefijo telefónico internacional y acuñamos nuestra propia moneda, la libra gibraltareña, que está vinculada a la libra esterlina. El año pasado, nuestra selección de futbol disputó sus primeros encuentros internacionales como miembro de pleno derecho de la UEFA y estamos orgullosos de haber defendido un digno 4-0 contra la actual campeona del mundo, Alemania. ¿Significa esto que somos mejores que Brasil, puesto que ellos perdieron por 7 a 1? Dejaremos esta discusión para otro día.
También me han informado de que Bélgica no ha derrotado a Alemania en un partido de fútbol internacional desde la década de 1950, de manera que Gibraltar está en buena compañía.
El poder legislativo en Gibraltar lo detentan Su Majestad la Reina y el Parlamento de Gibraltar. El poder ejecutivo recae sobre Su Majestad la Reina y lo ejerce el Gobierno de Gibraltar en virtud de la Constitución. Esto significa, y es importante desde un punto de vista legal y constitucional, que la Reina no es Reina de Gibraltar por ser la Reina del Reino Unido, sino que es la Reina de Gibraltar de manera independiente por Ley, al igual que lo es de muchos otros territorios como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
De manera que Gibraltar es parte del territorio de la Unión Europea.
Por lo tanto, los gibraltareños son ciudadanos del Reino Unido, pero también de la Unión Europea.
Los ciudadanos de la Unión Europea que residen en el territorio de la Unión tienen obligaciones y derechos. Las obligaciones incluyen el cumplimiento de las normativas de la Unión Europea, sus Tratados, directivas y reglamentos.
Yo me encontraba aquí en Bruselas el año pasado cuando el Ministro Principal anunció que Gibraltar cumplía con todas sus obligaciones para con la UE. Dicho de otro modo, estábamos al día en cuanto a la trasposición de las directivas de la UE en el derecho gibraltareño.
Del mismo modo que cumplimos con las reglas del club, esperamos que éste respete su parte del trato y nos conceda los derechos correspondientes. Gibraltar es, en términos generales, una comunidad proeuropea. Desde luego, somos un país donde la opinión pública mira a Europa con una lupa muy diferente a la del Reino Unido.
La paradoja es que esta comunidad de ciudadanos británicos proeuropeos a menudo se ha sentido injustamente tratada por las decisiones tomadas en la Unión Europea, las cuales les afectan directamente.
Es justo decir que la existencia de Gibraltar en Europa no vivió, relativamente, grandes momentos memorables, pudiendo llegar a ser incluso aburrida desde que en 1973 entramos a formar parte de la Unión, hasta el año 1986. En 1986 España pasó a formar parte de lo que entonces era la Comunidad Europea y comenzó la pirotecnia. Hasta ese momento, Europa había sido una sombra distante en la bruma, más allá de los Pirineos. Ahora, Europa estaba a nuestras puertas.
La adhesión de España trajo consigo diversas consecuencias para Gibraltar. La primera fue que la frontera terrestre entre España y Gibraltar debía abrirse para que España fuese admitida en la UE. El General Franco había cerrado de golpe las vallas fronterizas en 1969 y permanecieron así durante casi diez años después de su muerte, hasta su reapertura en 1985. Al mismo tiempo, Gibraltar reconocía anticipadamente los derechos derivados de la CEE a los españoles antes de su adhesión.
Es importante recalcar que el Reino Unido no insistió en que España desechase su reclamación de soberanía o incluso que eliminase todas las restricciones en contra de Gibraltar impuestas por el General Franco como requisito para la adhesión española.
Por lo tanto, muchas de las restricciones aéreas y marítimas en contra de Gibraltar permanecieron en vigor cuando España entró a formar parte de la Comunidad Europea y nunca ha existido una frontera con un tráfico completamente fluido.
Mirando atrás, esto fue un error. Estas cuestiones deberían haberse resuelto antes de la adhesión de España.
Cabe señalar que algunas de las restricciones franquistas siguen en vigor a día de hoy. Madrid continua prohibiendo el sobrevuelo de aeronaves militares de la OTAN si tienen como origen o destino a Gibraltar. De forma similar, los buques de la OTAN no pueden atracar en un puerto español si lo hicieron antes en Gibraltar. Las aeronaves civiles tienen prohibido sobrevolar España durante el despegue y el aterrizaje en Gibraltar, por lo que a menudo deben realizar un viraje brusco sobre la Bahía durante dichas maniobras.
Sin embargo, hay que decir que, durante un breve espacio de tiempo, hubo un verdadero atisbo de esperanza de que la reclamación española sobre la soberanía de Gibraltar se disolvería a medida que nacía una familia europea con intereses comunes.
Pero esta esperanza fue muy breve.
En lugar de permitir que la cuestión se disolviera con Europa, los sucesivos gobiernos españoles adoptaron una política de exclusión contra Gibraltar en un primer momento y después utilizaron la Unión Europea como un medio para plantear su reclamación soberanista.
Esto se pudo observar muy claramente tan solo dieciocho meses después de la adhesión española. Madrid se opuso al paquete de liberalización del espacio aéreo planificado en 1987 sobre la base de su aplicación en el aeropuerto de Gibraltar. Llegados a este punto, debo recalcar que el derecho comunitario en materia de aviación civil siempre había sido aplicable a Gibraltar y que ningún otro Estado miembro había planteado ninguna objeción anteriormente. Pero España ahora quería obtener el control conjunto del aeropuerto como el precio a pagar por la inclusión de Gibraltar.
La postura española en julio de 1987 demoró la liberalización aérea de toda Europa.
Al cabo de seis meses, esta situación llevó al Gobierno británico de entonces a excluir a Gibraltar de la medida a menos que aceptáramos el control conjunto del aeropuerto.
Fue un claro ejemplo de la peor cara de la realpolitik, puro chantaje. Gibraltar se encontró en una posición donde el derecho legítimo del territorio a participar en una medida aérea en el marco de Europa se vio supeditado a la reclamación soberanista española.
Por lo tanto, los derechos legales del territorio y de sus habitantes fueron sacrificados en aras de la conveniencia política. Cuando Gibraltar impugnó dicha exclusión ante el Tribunal Europeo, éste se negó a admitir la esencia del caso y dictaminó que Gibraltar carecía de locus standi.
El resultado fue que el aeropuerto de Gibraltar quedó al margen de todas las medidas aéreas desde 1987 hasta 2006.
En 2006, el gobierno socialista español acordó formalmente con los gobiernos del Reino Unido y Gibraltar que dejaría de buscar la exclusión del aeropuerto de Gibraltar de las medidas sobre aviación civil de la UE. Asimismo, acordaron que se integraría a Gibraltar en las medidas de las que había quedado excluido y que Gibraltar construiría una nueva terminal aérea paralela a la valla fronteriza con un acceso directo a otro edificio en el lado español.
Gibraltar mantuvo su parte del acuerdo. Se construyó una nueva terminal aérea junto a la valla fronteriza que costó más de 80 millones de euros pagados con el dinero de los contribuyentes gibraltareños. Al contrario de lo que pareció intuirse en un momento dado, no recibimos fondos de la UE para esta obra. La terminal abrió sus puertas a finales de 2011.
Desafortunadamente, el gobierno en España cambió al mismo tiempo que se inauguró la terminal. El nuevo gobierno del Partido Popular alteró la política de sus predecesores socialistas y España pasó de cooperar con Gibraltar a mantener una confrontación directa.
Las consecuencias aún pueden sentirse en forma de una triple agresión contra Gibraltar por tierra, mar y aire. Se trata de una continuación de lo que el General Franco inició hacía medio siglo.
El resultado resulta evidente para cualquier observador.
– España dio la espalda al Foro Trilateral de Dialogo con los Gobiernos del Reino Unido y Gibraltar.
– No existe un acceso a la nueva y costosa terminal aérea desde el lado español.
– Madrid vuelve a intentar excluir al aeropuerto de Gibraltar de la normativa de aviación de la UE, a pesar de haber prometido lo contrario.
La política del actual gobierno español es inaceptable, ilegal y antieuropea. Plantea una cuestión fundamental en las relaciones internacionales: la de un país que incumple abiertamente sus compromisos previos.
Esta postura ha afectado no sólo a Gibraltar —la principal afectada— sino también a Europa en su totalidad.
El mes pasado, debido a la nueva orientación política española, no hubo consenso en el Consejo Europeo sobre la aplicación en Gibraltar del Cielo Único Europeo II+.
España mantiene también en punto muerto el expediente sobre los derechos de los pasajeros del sector de transporte aéreo.
El acuerdo sobre aviación de la UE con Ucrania está corriendo la misma suerte.
Ocurrirá lo mismo con otros a menos que se obligue a Madrid a cumplir sus compromisos anteriores.
No se puede permitir que España tome como rehén a toda Europa en pro de sus propios intereses políticos.
Cualquier solución a este estancamiento debe respetar por completo el estatus del aeropuerto de Gibraltar como aeropuerto de la Unión Europea y el reconocimiento del pueblo gibraltareño en términos de ciudadanía de la UE. El Reino Unido ya ha indicado que no descartará ninguna opción, incluidas las acciones legales, si se deja fuera a Gibraltar.
La solución más simple sería volver a la fórmula firmada por el antiguo ejecutivo español, que Madrid abandonó en 2011. Ésta funcionó bien para todas las partes implicadas y permitía que todas las normas en materia de aviación progresaran sin perjuicio de las posiciones adoptadas tanto por España como por el Reino Unido acerca del terreno en el que se ubica el aeropuerto.
La segunda opción es no mencionar a Gibraltar en absoluto en la legislación.
Esto va más allá de una cuestión de principios. La normativa sobre derechos de los pasajeros del sector de transporte aéreo atribuirá ciertos derechos a los pasajeros de la Unión Europea en los aeropuertos de este territorio. No tiene ningún sentido que los pasajeros que usen el aeropuerto de Gibraltar no tengan los mismos derechos que aquéllos que viajan a otros aeropuertos comunitarios.
La postura española tiene como objetivo, por lo tanto, establecer un régimen discriminatorio en esencia, que priva a los ciudadanos europeos de sus derechos legítimos en Gibraltar y pretende que deje de aplicarse la normativa de aviación europea en el Peñón, cuando ésta debería aplicarse automáticamente.
Esta posible discriminación va en contra de todo lo que representa Europa.
Mientras que este enfoque afectaría a los pasajeros de vuelos que tengan a Gibraltar como punto de partida o destino, España también se esfuerza en vulnerar el derecho a la libre circulación de aquéllos que intentan cruzar la frontera terrestre.
La Comisión Europea llevó a cabo dos visitas de inspección a la frontera terrestre entre España y Gibraltar entre septiembre de 2013 y julio de 2014. Se registraron retrasos de hasta ocho horas para los ciudadanos de la UE que intentaban cruzar lo que, después de todo, es una frontera interna de la UE. Los retrasos se deben a los controles intensivos a los que las autoridades españolas de la frontera someten tanto a personas y como a vehículos que cruzan la frontera en ambas direcciones.
La misma Comisión Europea calificó los controles responsables de los retrasos más prolongados de “desproporcionados”. Instó a España a que realizara obras en la frontera, a que llevara a cabo controles en los vehículos del carril rojo sin que ello afectara a los del carril verde y que acabara con los controles destinados al 100% de los vehículos que cruzaban la frontera.
También indicó a España que dichos controles tanto a vehículos como personas saliendo de España con dirección a Gibraltar debían reducirse o eliminarse por completo.
No se cuestiona el derecho de España para llevar a cabo controles de inmigración y aduanas en la frontera, sino la intensidad y la desproporción en la que se están llevando a cabo estos controles de manera deliberada.
Esta situación ha creado un Muro de Berlín en la región meridional del mediterráneo europeo.
La mayoría de afectados son los diez mil ciudadanos europeos que trabajan en Gibraltar pero viven en España, lo que los obliga a cruzar la frontera a diario. La paradoja es que la mayor parte son ciudadanos españoles.
Esta es la razón por la que los sindicatos, las Cámaras de Comercio y los políticos del lado español de la frontera siguen presentando incesantes quejas ante su propio Gobierno y ante la Comisión Europea.
El otro grupo de afectados es el de los turistas.
Gibraltar ya ha sufrido una caída de alrededor de 40 millones de libras esterlinas en ingresos derivados del turismo. El número de vehículos llegó a reducirse a casi la mitad. La cantidad de personas que cruzan la frontera sigue cayendo año tras año.
El sector minorista del lado español ha protestado ante una reducción del 30% en la cifra de negocio como consecuencia de que los turistas gibraltareños eviten viajar a España por los retrasos.
Esto no es lo que representa Europa. De hecho, es precisamente lo contrario.
Cuando se introdujeron los controles intensivos en el verano de 2013, en un fin de semana el Gobierno de Gibraltar tuvo que distribuir 10.000 botellas de agua a las personas que habían esperado ocho horas en las colas a treinta grados.
Nos hemos visto obligados a construir un área de espera para 700 vehículos y otra similar detrás.
Una vez más, el Gobierno del Partido Popular en España ha optado por el conflicto en vez de por la cooperación. Gibraltar ahora mira a la Comisión, que, como guardiana de los Tratados, debería velar por el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la UE en las fronteras internas de la Unión.
Ya he tratado los temas del transporte aéreo y terrestre.
En lo que respecta al marítimo, en 2008, la Comisión declaró, a petición de España, una zona de Aguas Territoriales Británicas en Gibraltar como zona española a fines de protección medioambiental. Unos años antes, la misma zona había sido declarada británica con el mismo fin.
Este es otro ejemplo del uso que España da a la UE en su intento declarado de reclamar su soberanía, incluso cuando la soberanía de las aguas es indiscutiblemente británica en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Hasta ahora, se han registrado cientos de incursiones de buques de guerra y de Estado españoles en Aguas Territoriales Británicas. El peligro reside en que esto de pie a un incidente grave algún día.
Antes he afirmado que el pueblo gibraltareño cree en la idea de Europa. El mismo concepto de ciudadanos británicos proeuropeos es en sí una antítesis.
No obstante, estos ideales se han ido erosionando a lo largo de los años por la falta de asertividad de Europa para defendernos.
Y como resultado,
España sigue intentando discriminar a Gibraltar en asuntos de aviación.
España sigue adelante con una política de bloqueo de la frontera terrestre.
España sigue llevando a cabo incursiones en aguas gibraltareñas con regularidad.
¿Qué pasaría en caso de que Reino Unido dejara de formar parte de la Unión Europea? La respuesta, no me cabe duda, es que la situación en Gibraltar empeoraría con respecto a la de hoy. Esto es un argumento a favor de que el Reino Unido siga siendo miembro de la UE.
El Gobierno de Gibraltar cree que deberíamos seguir siendo parte de la Unión Europea. El Reino Unido ha accedido a ampliar el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea para incluir a Gibraltar. Es posible que nos enfrentemos a una situación en la que el Reino Unido vote por la salida de la UE mientras que Gibraltar opte por mantenerse dentro.
Esto daría pie a un dilema de orden político y constitucional sobre la relación entre el Reino Unido, la UE y Gibraltar.
Todo esto tiene un carácter hipotético actualmente. Para que se produzca una salida del Reino Unido, antes tiene que alzarse un Gobierno de mayoría conservadora tras las elecciones de mayo, celebrarse el referéndum y que en éste gane la opción de la salida.
Mientras que, de producirse estos acontecimientos en el Reino Unido, tendrían importantes consecuencias negativas para Gibraltar. Un seísmo de la misma intensidad en el panorama político español podría llevar al poder a Podemos, tal y como muestran algunos sondeos sobre la intención de voto, lo que podría tener un impacto positivo en la capacidad de los ciudadanos gibraltareños de ejercer sus derechos como ciudadanos europeos libremente: pero esto lo dejo a su juicio.
Se está trabajando intensamente entre bastidores: por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido ha incluido a Gibraltar en su revisión del equilibrio de competencias sobre el impacto de la Unión Europea.
En otro orden, con motivo del Día de Europa, el Ministro Principal de Gibraltar anunció que se estaba estudiando la posibilidad de que Gibraltar pase a formar parte de la Unión Aduanera y el espacio Schengen, lo que significaría el fin de los controles en la frontera con España, pero implicaría un giro completo de nuestra economía.
La realidad es que en un momento en el que muchos en el Reino Unido abogan por menos o incluso nada de Europa, Gibraltar se plantea más Europa.
Queremos más Europa en la que se respete y se defienda totalmente nuestra posición.
Hay cientos de millones de europeos en los 28 Estados miembros de la Unión. Hay, asimismo, 30.000 europeos en una pequeña y a menudo olvidada esquina de la Unión Europea que linda con el Mediterráneo. Defiendo que los derechos legales de una población reducida y los derechos derivados de los Tratados de un pequeño país no pueden considerarse menos importantes por nuestro reducido tamaño.
El Gobierno y el pueblo gibraltareño agradecerán, sin duda, todo el apoyo que reciban para asegurar esos derechos para el futuro.
Gracias por su atención.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
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