Gobierno de Gibraltar
Resumen del debate en el Parlamento sobre el informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 (Día 8)
Gibraltar, 5 de noviembre de 2025
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha continuado hoy con su análisis detallado del Informe del ejercicio 2018/2019 del antiguo Auditor Principal, centrándose en dos áreas principales: el pago ex gratia al anterior Director de Comunicación con motivo de su jubilación, y el tratamiento que el Informe da a varios procesos de contratación pública.
Pago ex gratia al Director de Comunicación
El Ministro Principal señaló que los comentarios del Auditor sobre este asunto estaban “plagados de inexactitudes, caracterizaciones erróneas y omisiones”.
Explicó que el pago en cuestión no fue discrecional, sino que tenía un fundamento contractual, consistente en dos componentes legítimos:
- Una gratificación del 25% del salario base por año trabajado, expresamente prevista en los contratos de trabajo del funcionario de 2013, 2017 y 2021; y
- Compensación de horas extraordinarias en reconocimiento de las numerosas horas no remuneradas que trabajó durante más de una década.
El Ministro Principal dijo que el pago había sido aprobado por la Oficina del Secretario Principal, tramitado por el Tesoro y notificado al Auditor Principal cuando correspondía. Refutó la afirmación de que el nº 6 de Convent Place no había respondido a las consultas de auditoría, explicando que los correos electrónicos se contestaron en cuestión de días y que la aseveración contraria del Informe era “falsa”.
Picardo señaló que el sistema de gratificaciones lo había introducido una administración anterior del GSD, y que su Gobierno había puesto fin a la práctica de gratificaciones del 25% para los nuevos contratos.
Dijo que la referencia del Auditor a los “paquetes de indemnización generosos” era engañosa, dado que tales pagos son una característica normal de las disposiciones de jubilación para los trabajadores de los servicios públicos.
Contrataciones públicas
En cuanto a la cuestión de las contrataciones públicas, el Ministro Principal rechazó la conclusión del Auditor de que las prácticas de contratación del Gobierno eran “incontroladas”. Hizo hincapié en que, durante el periodo examinado, el Gobierno llevó a cabo 270 licitaciones públicas y realizó 214 adjudicaciones abiertas, prueba evidente, dijo, de un sistema basado en la transparencia.
Abordó cada uno de los cuatro contratos citados en el Informe:
- Defensas del Norte: obtenido mediante una manifestación de interés pública debido a la complejidad patrimonial y estructural del emplazamiento, sin gasto de dinero público y con una importante inversión privada.
- Servicios de Salud en el Trabajo: adjudicados al único proveedor local capaz de satisfacer las necesidades operativas urgentes, con conflictos de intereses debidamente declarados y gestionados.
- EMIS (historiales médicos digitales): el pago garantizó la continuidad de la plataforma existente del NHS [Servicio Nacional de Salud del Reino Unido – National Health Service] y la protección de los datos de los pacientes; cambiar de proveedor habría comportado un riesgo de interrupción del servicio.
- Planta de Gestión de Residuos: fue adjudicada en virtud de una exención legal del Reglamento 15(1)(b) del Reglamento de Contratación Pública de 2016 como proyecto de contingencia civil.
El Ministro Principal aludió al asesoramiento jurídico del [asesor legal Jonathan] Fisher, que llegó a la conclusión de que el Informe tergiversaba la discrecionalidad legal como un fallo de procedimiento y no reflejaba las pruebas aportadas al proceso de auditoría.
Además, hizo referencia a la jurisprudencia del Reino Unido y de la Unión Europea, que confirman que las autoridades adjudicadoras tienen un margen de apreciación a la hora de aplicar la normativa sobre contratación pública y que solo un “error manifiesto” o un abuso de poder justificarían la intervención judicial.
Picardo afirmó que la publicación tardía de las consultas de auditoría —solo unos días antes del fin del plazo legal para su presentación— privó a los departamentos de una oportunidad justa de responder, infringiendo así los principios establecidos de justicia natural.
Conclusión
El Ministro Principal dijo que el Gobierno tomaría medidas para rechazar formalmente las secciones pertinentes del Informe, describiéndolas como “defectuosas desde el punto de vista de los hechos, injustas desde el punto de vista del procedimiento y jurídicamente incorrectas”.
Añadió que, si bien se aceptarían algunas recomendaciones del Auditor Principal y se actuaría en consecuencia, el Gobierno seguiría defendiendo a sus funcionarios y la integridad del servicio público de Gibraltar en los casos en que se hubieran formulado críticas injustas.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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