Gobierno de Gibraltar
El Gobierno responde al Informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019
Día 4 – Comisión de Cuentas Públicas
Gibraltar, 1 de octubre de 2025
En el cuarto día del debate sobre el Informe correspondiente al ejercicio 2018/2019 del anterior Auditor Principal, el Ministro Principal, Fabián Picardo, se centró en lo que describió como el ejemplo más claro de los fallos del Informe: la recomendación de que Gibraltar establezca una Comisión de Cuentas Públicas (Public Accounts Committee, PAC). Picardo dijo ante el Parlamento que esta sección del Informe era “incendiaria, partidista y completamente ajena a las competencias del Auditor”.
El Auditor se extralimitó al opinar sobre política
El Gobierno recordó al Parlamento que la labor de un Auditor consiste en examinar la gestión administrativa y velar por que el gasto público sea conforme a la ley y esté debidamente justificado. No le corresponde comentar ni establecer directrices en materia de política gubernamental. El Ministro Principal citó jurisprudencia para demostrar que este principio está consolidado desde hace tiempo:
- En el caso R contra Roberts (1908), los tribunales confirmaron que los auditores pueden cuestionar actuaciones administrativas, pero no la política.
- En el caso Roberts contra Hopwood (1925), se ratificó que los auditores deben garantizar la legalidad del gasto, sin interferir en decisiones políticas.
- Este principio queda recogido en el artículo 6(2) de la Ley de Auditoría Nacional del Reino Unido (UK National Audit Act) de 1983, que prohíbe expresamente a los auditores cuestionar “la conveniencia de los objetivos políticos”.
El Ministro Principal afirmó que esta distinción es clara: un auditor puede examinar si los salarios se abonan conforme a la ley, pero no si debe existir un comité de empresa. Al recomendar la creación de una PAC, el Auditor Principal se adentró directamente en la formulación de políticas, una competencia que corresponde exclusivamente al Gobierno, al Parlamento y, en última instancia, al electorado.
Recomendación sesgada y partidista
El Gobierno sostuvo que la propuesta del Auditor de crear una PAC era indistinguible del compromiso electoral del partido de la oposición. En el Informe, se empleó incluso una redacción prácticamente idéntica a la política declarada del GSD. En cambio, los partidos del gobierno de coalición (Partido Socialista Laborista y Partido Liberal) fueron elegidos en cuatro ocasiones con un compromiso claro de que Gibraltar no necesitaba una PAC.
El Ministro Principal calificó esta situación como “una recomendación que toma partido por una formación política frente a otra en un debate intensamente disputado. Eso no es auditoría imparcial, sino una defensa de políticas disfrazada de auditoría”. Picardo añadió que esto supone una peligrosa difuminación de los límites y socava la imparcialidad de un órgano constitucional que debe mantenerse siempre por encima de la política.
Desconocimiento del debate y la decisión parlamentaria
El Ministro Principal también señaló que el Informe omitía por completo un importante debate parlamentario sobre la cuestión de la PAC, celebrado el 26 de febrero de 2024. Dicho debate, originado por una moción de la oposición, se prolongó durante ocho horas y concluyó con una enmienda del Gobierno que reafirmaba su compromiso electoral de no establecer una PAC.
El Ministro Principal calificó de “sorprendente e irrespetuoso” que el Informe del Auditor, publicado más de un año después, ni siquiera mencionase este debate ni la decisión adoptada por la Cámara.
El Informe también pasó por alto las conclusiones de la Comisión para la Reforma Democrática y Parlamentaria, presidida por Adolfo Canepa, que ya había abordado la cuestión de la PAC y concluido que dicha comisión era innecesaria e inapropiada para el sistema parlamentario de Gibraltar. El Ministro Principal señaló que el Auditor desestimó esta conclusión “sin justificación alguna y desafiando la autoridad parlamentaria”.
Evaluación jurídica
El Gobierno subrayó que la independencia constitucional garantiza la libertad del Auditor para examinar las cuentas sin interferencias, pero no le otorga autoridad alguna para proponer reformas parlamentarias. El dictamen independiente del asesor legal, [Jonathan] Fisher, respaldó la posición del Gobierno, concluyendo que:
- La recomendación del Auditor de crear una PAC fue ultra vires [1] y excedió el ámbito legal de sus funciones.
- Al alinearse casi literalmente con el programa electoral de la oposición, el Informe causó una apariencia de parcialidad política.
- Esto socavó la neutralidad de la Oficina del Auditor Principal e incumplió los estándares de imparcialidad exigidos por la ley y por los códigos profesionales de auditoría.
Fisher advirtió de que, cuando un funcionario independiente excede su mandato y promueve políticas partidistas, la confianza pública en la institución se ve comprometida.
Amenaza a la neutralidad institucional
El Ministro Principal apuntó que la inclusión de esta recomendación no solo menoscaba la credibilidad del Informe, sino que, además, pone en riesgo la confianza pública en la propia Oficina del Auditor Principal.
Picardo dijo: “En el momento en que un órgano constitucional es percibido como políticamente sesgado, su credibilidad queda destruida para la mitad del electorado.
Eso es algo intolerable en una democracia. Un auditor no sólo debe ser imparcial, también debe parecerlo. Este Informe no cumple ninguno de esos requisitos”.
Citando el criterio sobre imparcialidad del caso Porter contra Magill, el Gobierno argumentó que un observador razonable y bien informado concluiría, de forma inevitable, que existía una posibilidad real de sesgo en la insistencia del Informe sobre la creación de una PAC, dado el momento, la redacción y el contexto político en el que se enmarca.
Conclusión
El Gobierno calificó esta parte del Informe como “incendiaria, partidista e ilegal”. Aseguró que el anterior Auditor Principal había ignorado el debate parlamentario y desestimado las conclusiones de comisiones independientes y que se había alineado con la política de la oposición.
El Ministro Principal anunció que el Gobierno va a presentar una enmienda a la moción ante la Cámara para rechazar formalmente la sección del Informe relativa a la Comisión de Cuentas Públicas. Añadió que ahora será necesaria una reforma legislativa para garantizar que la legislación de Gibraltar refleje la del Reino Unido para que prohíba expresamente que los auditores se pronuncien sobre cuestiones de política. “No permitiremos que los errores, los excesos de jurisdicción y el sesgo partidista queden sin corregir”, dijo el Ministro Principal ante el Parlamento. “Nuestro deber es proteger la integridad de las instituciones y la equidad de nuestra democracia”, concluyó.
[1] frase latina que significa «más allá de las facultades»
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
- Miguel Vermehren, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
- Sandra Balvín, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
- Eva Reyes Borrego, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
- Álvaro López, alvaro@infogibraltar.com, Tel 662 386 833
- Nacho Arranz, nacho@infogibraltar.com, Tel 674 283 002
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar
- Gobierno de Gibraltar